El pasado 13 de marzo el Comité de Expertos Employer de Randstad Research volvió a reunirse para debatir sobre la reducción de la jornada laboral. Ésta ha sido una reivindicación histórica de los sindicatos y una tendencia creciente en algunos países europeos, donde se ha implementado con diferentes enfoques. El Gobierno defiende que esta medida mejorará la conciliación y fomentará un reparto más equitativo del empleo, mientras que las empresas muestran preocupación por su impacto en los costes y la competitividad.
Con la aprobación del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral máxima —que también incluye un nuevo registro de jornada y el refuerzo del derecho a la desconexión digital—, el Comité ha compartido sus opiniones sobre los posibles efectos de su aplicación.
En general, los expertos cuestionan si se ha realizado el trabajo esperado en las mesas de negociación, un espacio clave donde deberían reflejarse las realidades de todos los sectores y equilibrar los intereses de empresas y trabajadores. Consideran que la negociación colectiva carece de una hoja de ruta clara en un asunto donde convergen dos indicadores fundamentales: salario y jornada laboral.
Además, insisten en la necesidad de analizar a fondo la norma y definir estrategias comunicativas para mejorar su calidad. Advierten que deben abordarse vacíos legales para evitar futuras judicializaciones y subrayan la importancia de precisar el concepto de "trabajo efectivo", ya que su interpretación podría derivar en un mayor control sobre la actividad laboral.
Otro de los puntos críticos discutidos ha sido la gestión del registro de jornada, especialmente en grandes empresas y en sectores con limitaciones de conectividad, como el primario, donde la implementación digital puede resultar compleja. El anteproyecto de ley establece que este sistema deberá ser digitalizado y accesible en remoto y en tiempo real para la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, lo que ha generado inquietud en distintos sectores debido a los desafíos técnicos y organizativos que supone.
Esta preocupación se extiende a otros ámbitos laborales, como la construcción o el transporte, donde los trabajadores desempeñan su labor en distintos lugares y la aplicación de un sistema de registro digital en tiempo real plantea dificultades adicionales. Además, para muchas pymes, la digitalización obligatoria puede suponer un desafío económico y técnico, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de su implementación en ciertos entornos laborales.
Por otro lado, la norma también refuerza el derecho irrenunciable a la desconexión digital, con el objetivo de evitar que las empresas exijan trabajo fuera del horario pactado. Además, se especifica que los trabajadores podrán rechazar comunicaciones o solicitudes laborales fuera de su jornada sin temor a represalias, lo que busca garantizar un respeto efectivo al tiempo de descanso.
Otros aspectos que el Comité considera que pueden verse afectados por esta medida son el pluriempleo y el absentismo. Los expertos advierten que la reducción de la jornada podría generar efectos en la duración de las vacaciones y en la organización laboral. Además, subrayan la necesidad de evaluar cómo esta reforma impactará en la productividad y en la estabilidad del empleo.
El debate en torno a la reducción de la jornada laboral plantea desafíos tanto normativos como organizativos. El Comité de Expertos coincide en la necesidad de un desarrollo técnico sólido que evite incertidumbres jurídicas y garantice una implementación eficaz. Para ello, consideran clave una negociación colectiva más estructurada, que contemple las implicaciones de esta reforma en todos los sectores productivos y en la dinámica del mercado laboral.
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